El proyecto propone eliminar los límites para la compra de tierras por extranjeros, modificar el régimen de expropiaciones, agilizar desalojos y reformar la Ley de Manejo del Fuego.
El Senado iba a debatir este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que propone cambios en la regulación de las tierras rurales, el régimen de expropiaciones, los desalojos y la Ley de Manejo del Fuego. La sesión también incluiría el tratamiento de 36 pliegos judiciales.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la eliminación de los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La legislación actual establece que esas adquisiciones no pueden superar el 15% de la superficie rural del país, mientras que el nuevo texto elimina esa restricción y habilita operaciones sin ese tope, incluso en zonas consideradas estratégicas.
El proyecto generó cuestionamientos por parte de bloques opositores y organizaciones sociales y ambientales, que sostienen que la modificación podría favorecer una mayor concentración de tierras en manos de capitales extranjeros y reducir los mecanismos de control sobre recursos naturales.
La iniciativa también introduce cambios en el régimen de expropiaciones. Entre otras modificaciones, redefine el concepto de utilidad pública y prevé compensaciones económicas más elevadas, lo que, según sus detractores, dificultaría futuras intervenciones del Estado sobre activos considerados estratégicos.
Otro de los aspectos incluidos en la reforma establece un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles, con el objetivo de acelerar los procesos de desalojo antes de que exista una sentencia judicial firme.
Además, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que actualmente impiden cambiar el uso de tierras afectadas por incendios. Distintos sectores advirtieron que esa medida podría facilitar el desarrollo de emprendimientos privados o inmobiliarios sobre superficies incendiadas.
La Cámara alta también analizará 36 designaciones judiciales. Entre ellas figura la continuidad del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer otros cinco años en el cargo tras cumplir los 75 años.
Pesino cobró notoriedad luego de integrar el tribunal que revocó la medida cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
JC