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Las víctimas buscan revertir su exclusión del expediente y la Cámara Federal deberá definir si pueden seguir impulsando la investigación.
La causa que investiga el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA ingresó en una nueva instancia judicial. Los damnificados que fueron apartados como querellantes presentaron recursos de apelación para intentar revertir esa decisión y ahora la definición quedó en manos de la Cámara Federal.
Entre quienes apelaron se encuentran los cuatro inversores representados por el abogado Juan Grabois, además de Martín Romeo, otro de los afectados. Todos cuestionan la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y sostienen que la medida desconoce pruebas incorporadas al expediente y anticipa una conclusión sobre el caso.
La presentación judicial, firmada por Juan Grabois y Camila Palacin Roitbarg, sostiene que la resolución "desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada en la causa".
Además, los abogados cuestionan que el magistrado haya considerado que "los hechos investigados no resultan subsumibles en el delito de estafa" y que haya interpretado lo ocurrido como una inversión especulativa fallida propia de la volatilidad de una "memecoin".
Según los apelantes, la investigación ya reúne elementos suficientes para sostener la existencia de una maniobra coordinada. En ese sentido, remarcan que "los peritajes oficiales, las extracciones forenses de dispositivos secuestrados, informes de la UFECI y de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, y la declaración testimonial del perito ingeniero Fernando Molina ante la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA de la Cámara de Diputados de la Nación -entre otras-, que dan cuenta de una maniobra defraudatoria concreta, planificada y ejecutada con coordinación milimétrica, que en modo alguno puede equipararse a la caída ordinaria del precio de un activo digital".
La apelación también incorporó conversaciones difundidas por la periodista Nancy Pazos. De acuerdo con el escrito, allí se observa que el presidente Javier Milei fue advertido sobre un presunto fraude vinculado a $LIBRA y que "el presidente le contesta que no, que se trata de una herramienta para financiar PYMES en la República Argentina".
Los querellantes sostienen además que "Excluir a las querellas en esta instancia del proceso equivaldría, en los hechos, a consolidar precisamente el vacío de control que la intervención de las víctimas como parte querellante está destinada a cubrir".
La definición ahora quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, que deberá resolver si confirma la decisión de Martínez De Giorgi o restituye a los damnificados su condición de querellantes dentro del expediente.
El caso ya atravesó cambios en la integración del tribunal de alzada. Inicialmente intervino la Sala II, aunque posteriormente la causa pasó a la Sala I, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
JC
