Juan Patricio Marchetto, uno de los primeros inversores de la criptomoneda $LIBRA, presentó una apelación para que se revoque el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados en la causa por el lanzamiento y posterior desplome del activo digital. En el recurso, cuestionó la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano por considerar que la investigación se cerró sin completar medidas de prueba relevantes.
La presentación, patrocinada por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, es la primera impugnación contra los sobreseimientos. Otros damnificados también anticiparon que recurrirán la decisión, aunque fueron apartados de su condición de querellantes.
Marchetto ya no integra la acusación particular por una resolución confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, como la Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver su pedido para recuperar esa condición, sostuvo que necesita cuestionar el cierre de la causa antes de que se resuelva su participación en el expediente.
Los cuestionamientos al juez y al fiscal
Uno de los principales argumentos del recurso es que la resolución judicial habría descartado la existencia de un delito sin explicar suficientemente por qué correspondía cerrar la investigación. Marchetto señaló que todavía había diligencias pendientes y cuestionó que la fiscalía solicitara el sobreseimiento antes de completarlas.
En particular, atribuyó a Taiano demoras en la producción de pruebas, la falta de convocatoria a testigos considerados relevantes y la ausencia de pedidos de indagatoria para los acusados.
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, planteó el inversor.
Entre las medidas que pidió profundizar figuran las pericias sobre los teléfonos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, mencionados en el expediente por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis. También cuestionó que no hayan declarado Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada de Davis en la Argentina.
Las comunicaciones previas al lanzamiento
La apelación vuelve sobre las comunicaciones entre Milei y Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos anteriores a la publicación presidencial que promocionó $LIBRA en X, el 14 de febrero de 2025.
Según los registros citados en el escrito, Novelli llamó al Presidente a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. Además, a las 18:56:22 se registró una llamada entrante del operador. La publicación de Milei se realizó a las 19:01:22.
El recurso también menciona que 74 billeteras efectuaron 87 transacciones por aproximadamente 13,5 millones de dólares unos 22 segundos antes del mensaje presidencial.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, sostuvo Marchetto.
A partir de esos elementos, pidió analizar conjuntamente las comunicaciones y los movimientos financieros, rastrear el dinero aportado por los compradores, identificar a sus destinatarios y establecer posibles vínculos con los organizadores del lanzamiento.
La controversia por el informe tecnológico
Otro eje de la apelación es el informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), elaborado a partir de dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.
Marchetto cuestionó que el juez tuviera en cuenta una investigación administrativa por el presunto acceso indebido a documentación reservada. Según el recurso, el sumario no habría acreditado que la empleada investigada entregara documentos a una periodista o a terceros, ni que el informe tecnológico hubiera sido alterado.
Además, señaló que la fiscalía habría recibido un informe preliminar en noviembre de 2025, antes de que se publicaran documentos del expediente en los medios. Por ese motivo, puso en duda que el material no se hubiera comunicado oportunamente al juzgado y a las partes.
El inversor consideró relevante esclarecer cuándo se recibió ese informe y cómo fue incorporado al expediente, al entender que esos aspectos deben evaluarse antes de dar por concluida la investigación.
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