Una abogada denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria de Energía, María Tettamanti, por el proceso que permitió el ingreso de Southern Energy S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Denunciaron a Caputo por incluir en el RIGI a una empresa sancionada en Malvinas. La denuncia alcanza a María Tettamanti y fue radicada en el Juzgado Federal N°10, que deberá investigar el proceso de aprobación de Southern Energy.
Una abogada denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria de Energía, María Tettamanti, por el proceso que permitió el ingreso de Southern Energy S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La presentación fue realizada por Virginia Marta Cassola y quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, bajo el expediente CFP 4419/2026. La denuncia también alcanza a otros funcionarios que hayan intervenido en el procedimiento, incluidos los integrantes del Comité Evaluador del RIGI.
Cassola sostiene que Southern Energy obtuvo los beneficios del régimen pese a que entre sus accionistas se encuentra Harbour Energy, compañía que, según plantea en su presentación, sería continuadora de Premier Oil PLC.
Premier Oil había sido inhabilitada durante 15 años mediante la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía, por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina vinculadas con el área de las Islas Malvinas. De acuerdo con la denuncia, esa inhabilitación se habría mantenido vigente hasta 2028. La presentación, no obstante, pide que se determine documentalmente si la sanción fue levantada, suspendida, modificada o extinguida.
La denunciante cuestiona particularmente que Harbour Energy figure expresamente como accionista de Southern Energy en las resoluciones administrativas vinculadas con el proyecto. Caputo firmó la Resolución 559/2025, que aprobó la incorporación de Southern Energy al RIGI, mientras que Tettamanti suscribió la Resolución 165/2025, relacionada con la autorización para exportar gas natural licuado.
La presentación solicita que se investigue qué controles realizaron los funcionarios, qué información aportó Southern Energy y si existió alguna incompatibilidad con la Ley 26.659.
Entre los delitos denunciados figuran abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, además de defraudación contra la administración pública. La denuncia también pide medidas de prueba para reconstruir la relación societaria entre Premier Oil y Harbour Energy y determinar si hubo beneficios económicos derivados del RIGI.
JC