Los representantes del Ministerio del Interior y del de Economía y Finanzas aseguraron que el "precio por servicio de seguridad" no tiene un fin recaudatorio sino que apunta a mejorar la seguridad.
Representantes de los ministerios del Interior y de Economía y Finanzas (MEF) se presentaron frente a la Comisión de Hacienda del Parlamento para defender el cobre de un nuevo “precio por servicio de seguridad” al turismo fluvial y marítimo en Uruguay, con el objetivo de financiar la modernización del sistema de control migratorio.
Desde la firma del decreto con fecha del 31 de enero, la polémica creció en torno a este nuevo costo de 2,10 dólar más IVA que el gobierno busca aplicar al costo del pasaje de entrada y salida del país por vías marítimas y fluviales.
Desde las cámaras de turismo —sobre todo, la Asociación Turística de Colonia, que señala que el departamento se verá fuertemente afectado por un nuevo costo sobre el gasto total de un pasajero de poca permanencia— hasta las navieras como Buquebus y Colonia Express que deberán actuar como agentes de retención sin previo consenso de ningún tipo, presentaron quejas sobre la decisión.
En ese contexto, el Parlamento convocó a dos de los ministerios involucrados en la firma del decreto para oír explicaciones; y entre los principales argumentos a favor del “precio por servicios de seguridad”, las autoridades del MEF y de Interior apuntaron al fin del dinero obtenido a través del nuevo costo: que éste no tiene un fin recaudatorio, sino que será utilizado para financiar el nuevo sistema de control fronterizo. En la misma línea, hicieron énfasis en que no es una tasa —caso en el que debería ser creada por ley—, sino un “precio”.
Tras ser citados por el Frente Amplio a comparecer ante la Comisión de Hacienda, y luego de que tanto el Ministerio de Turismo como el de Transporte y Obras Públicas se desligaran de la responsabilidad por la firma del decreto en cuestión, las autoridades que finalmente acudieron a defender el nuevo “precio” fueron la directora general de la Secretaría del Ministerio del Interior, María José Oviedo y el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza; en lugar de los titulares de las respectivas carteras, Nicolás Martinelli y Azucena Arbeleche.
Según detalló Oviedo, el “precio por servicio de seguridad" para financiar "la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo", a pasajeros que entran y salen del país por los puertos, así como un "análisis de perfiles de riesgo", no fue fijado por la iniciativa privada —de Defiway— sino que fue el resultado del procedimiento licitatorio ganado por la compañía mexicana, Veridos; aunque se mantuvo el mismo precio en tanto fue ofertado por la empresa.
“La propuesta económica, que tenía 55 puntos previstos en el pliego de acuerdo al artículo 48 del Tocaf, era uno de los puntos para la adjudicación. No nos estamos remitiendo a un precio del año 2017, sino que el precio es el de la oferta que resultó ganadora en el procedimiento licitatorio. El precio no deviene de la iniciativa privada, sino del procedimiento licitatorio”, argumentó la directora del Ministerio del Interior, asegurando también que ese valor será destinado a “sustentar” las mejoras en el sistema de control migratorio, “previniendo ilícitos”.
“No va a ser una forma de recaudar por parte del Estado, sino que será el que sostendrá este nuevo sistema de seguridad”, insistió.
Por su parte, Irastorza respaldó a Oviedo y dijo que el hecho de que el Tribunal de Cuentas levantara la observación que había hecho la licitación fue “un factor determinante”. En cuanto al recurso presentado por las navieras respecto de si se trata de una tasa o de un impuesto, señaló que “será resuelto llegado el momento” por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Por otro lado, para respaldar la postura de que se trata de un "precio" porque involucra una "contraprestación por parte del Estado", Oviedo dijo que en los aeropuertos ya se cobra ese "precio" para financiar el control migratorio de esos puntos fronterizos.